Entre la negligencia y la pretensión de coima

Por Rubén Fernando Morales Rey 

La situación actual de Metrolínea ha pasado de ser una tragedia de movilidad a una comedia de errores jurídicos y financieros. Resulta sospechoso que candidatos de distintos espectros políticos sugieran que el erario público asuma las deudas de los socios privados de Metrocinco Plus y Movilizamos.

​Desde la arquitectura y la planeación, el fracaso es evidente. Un proyecto que nació bajo la promesa de modernidad terminó siendo un detrimento patrimonial. Es fundamental recordar tres puntos básicos:

​Naturaleza del Activo: Las vías y estaciones ocupan espacio público. El municipio cedió el uso, no el dominio. Por tanto, la amenaza de "embargos millonarios" carece de sustento ante la inembargabilidad de los bienes públicos.

​Riesgo Compartido: Los privados salieron de un modelo de transporte tradicional para entrar en una alianza público-privada. Si el modelo fracasó por fallas en la proyección de la UIS y las interventorías, el riesgo es compartido. Pretender que el Estado cubra el 100% de la pérdida privada es un ataque al presupuesto social.

​La Omisión Criminal: Las alcaldías de las últimas dos décadas permitieron el desmantelamiento de activos por falta de seguridad básica. Eso es responsabilidad administrativa, pero no justifica el pago de deudas privadas.

​Hoy volvemos al modelo anterior por pura necesidad. Es una transición obligada. Pero esta transición debe ser transparente, sin "jugaditas" y con una visión de ciudad que integre el norte, el sector de la Virgen y la infraestructura del Café Madrid. La liquidación es el único camino legal; lo demás, huele a podrido.