¿Golpe sin tanques? El silencioso asalto al Estado de derecho en Colombia

Por Mauricio García y Rubén Fernando Morales Rey 

En Colombia, los golpes de Estado ya no necesitan tanques en las calles ni militares en la Casa de Nariño. Hoy pueden ejecutarse con firmas, autos administrativos y decisiones aparentemente legales. Son más discretos, más técnicos… y, por eso mismo, más peligrosos.

Lo que está en juego no es un simple debate jurídico. Es el equilibrio mismo del Estado de derecho.

La Constitución de 1991 diseñó un sistema claro: cada poder tiene funciones delimitadas. En materia de estados de excepción —como la emergencia económica— el control es posterior y está en cabeza de la Corte Constitucional. No es un detalle menor. Es una garantía para evitar que, en momentos de crisis, múltiples autoridades interfieran y paralicen la acción del Estado.

Sin embargo, cuando otras instancias deciden suspender decretos de emergencia mediante medidas cautelares, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante un control legítimo o ante una extralimitación de funciones?

No es un asunto menor. Juristas de la talla de José Gregorio Hernández y Carlos Gaviria Díaz. Ver Video del Magistrado Aqui defendieron con claridad que ese tipo de controles no podía ejercerse por fuera del diseño constitucional. La razón es simple: permitirlo abre la puerta a que cualquier autoridad bloquee decisiones urgentes del Ejecutivo, incluso en medio de desastres o crisis económicas.

Y aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve profundamente político.

Porque cuando se suspenden decisiones destinadas a enfrentar emergencias, no se afecta a un gobierno: se afecta a la población. Se retrasa la respuesta institucional, se debilita la capacidad del Estado y, en el peor de los casos, se agrava el sufrimiento social.

¿No es eso, en esencia, una forma de violencia institucional?

A esto se suma otro frente inquietante: el terreno electoral. Decisiones del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría que terminan excluyendo actores políticos de procesos democráticos encienden las alarmas. El derecho a elegir y ser elegido no es una concesión; es un pilar constitucional protegido también por el sistema interamericano de derechos humanos.

La historia colombiana ya ha mostrado las consecuencias de restringir la participación política. Los casos de la Unión Patriótica y del movimiento MIRA son recordatorios de que las instituciones también pueden fallar… y de que esas fallas pueden tardar años en corregirse.

Por eso, cuando se repiten decisiones que limitan la competencia política o alteran las reglas del juego, la sospecha no es paranoia: es prevención democrática.

Ahora bien, hay que decirlo con claridad: no toda decisión controvertida es un golpe de Estado. Las instituciones deben poder actuar, investigar y controlar. Ese es su deber.

Pero también es cierto que el abuso del derecho —cuando se usa la norma para fines distintos a los que la justifican— puede convertirse en una forma sofisticada de ruptura institucional.

Un golpe sin fusiles. Sin ruido. Pero con efectos profundos.

Colombia enfrenta entonces un dilema silencioso: defender la legalidad no solo en su forma, sino en su esencia. Porque una democracia no se destruye únicamente cuando se violan las reglas, sino también cuando se manipulan.

Y ese tipo de deterioro, cuando avanza, rara vez anuncia su llegada.