​El Abuso de las Cautelares y el 'Golpe Blando' Jurídico

 

Por: Rubén Morales

​En el complejo ajedrez de la política colombiana, un nuevo concepto ha cobrado una fuerza inquietante: el "golpe de Estado blando" o jurídico. No se trata de una teoría de la conspiración; es una realidad que estamos presenciando cuando las herramientas del derecho se desvían de su propósito original y se utilizan para bloquear, sistemáticamente, la capacidad de gobernar.

​Este fenómeno no se manifiesta con tanques ni fusiles, sino con plumas y togas. Y es precisamente aquí donde la jurisprudencia y los conceptos de uno de nuestros más grandes juristas, el doctor José Gregorio Hernández, cobran una relevancia fundamental. Ver Video Aquí  Él, junto con figuras como Carlos Gaviria, definió los contornos de lo que debe ser un verdadero control constitucional y, crucialmente, los límites de la intervención judicial en situaciones de emergencia.

​El doctor Hernández ha dejado en claro que las medidas cautelares sobre decretos de emergencia económica son inconstitucionales. Esta postura no es caprichosa. Se basa en una comprensión profunda de que la Constitución busca que el Estado pueda reaccionar con rapidez y eficacia ante catástrofes, inundaciones o crisis sanitarias. Suspender estas ayudas mediante "jugaditas" cautelares, como las que presuntamente hemos visto de actores como el exdefensor Camargo contra el gobierno de Gustavo Petro, es exponer al pueblo a un daño masivo e irreversible.

​Cuando un decreto que ordena recursos para una comunidad devastada por una inundación es suspendido por un juez, ¿a quién se ataca realmente? No solo al presidente de turno, sino a la esencia misma del Estado Social de Derecho. Como bien lo plantea el doctor Hernández, las sentencias de control de constitucionalidad tienen una fuerza tal que nadie puede utilizar medidas cautelares contra ellas sin arriesgarse a consecuencias disciplinarias o penales.

​Este abuso del derecho tiene un nombre claro y contundente: prevaricato. Y cuando la conducta es reiterativa y con la intención de causar un daño político y económico al país, estamos presenciando un golpe político en toda regla.

​La gravedad se acentúa cuando estas prácticas se extienden al ámbito electoral. Estamos viendo cómo el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, en decisiones que parecen más políticas que técnicas, están cerrando la puerta a sectores completos de la población, como el Pacto Histórico o la Colombia Humana. Esto es censura electoral, y el camino a las elecciones de 2026 se está sembrando de minas que debilitan la democracia.

​Ya tenemos antecedentes claros, como el de la Unión Patriótica (UP) o el partido MIRA, donde estas exclusiones terminaron siendo reparadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si aquí no hay garantías, si los organismos de control se usan como herramientas de persecución, la pelea se tendrá que librar en el exterior.

​La jurisprudencia de José Gregorio Hernández no es un texto antiguo para el olvido; es la brújula que nos puede salvar de esta deriva autocrática disfrazada de legalidad. Es hora de defender la Constitución de quienes pretenden usarla para socavar la voluntad popular. La democracia no es solo votar; es que las reglas del juego sean limpias para todos. Y en este momento, están muy lejos de serlo.