DIGNIDAD POLITICA
Declaración pública sobre la Asamblea de CORFERIAS y la legitimidad de CH
La señora Gina Rojas Fernández insiste en presentar como legítima la segunda asamblea realizada en agosto de 2024 en CORFERIAS. Sin embargo, es necesario precisar que dicha asamblea no ha sido refrendada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por el contrario, se encuentra impugnada en 23 ocasiones, lo que la convierte en un proceso cuestionado y jurídicamente débil.
El propio CNE, mediante la Resolución 004 de 2024, declaró nula su convocatoria, evidenciando que la reunión careció de validez. A pesar de ello, algunos dirigentes, entre ellos Gloria Ferley, Zuleta y otros actores políticos, procedieron de manera irregular. Este proceder constituye una clara apropiación indebida de la personería jurídica de CH, motivada por intereses de poder y ambiciones personales.
No se trata de un asunto menor. Las decisiones adoptadas en esa asamblea, carentes de legalidad, generan un daño político profundo: se ha consumado un verdadero "genocidio político" contra los sectores que fueron excluidos, atropellados y despojados de su participación legítima.
Resulta necesario recordar que la decencia política implica reconocer los límites legales y democráticos. Una dirigencia seria y transparente debería admitir que la personería, la junta y la asamblea están aún condicionadas a refrendación. En consecuencia, cualquier candidatura lanzada bajo estas circunstancias se encuentra marcada por la duda, la ilegitimidad y la falta de dignidad política.
Reiteramos que CH no cuenta con una consulta válida en octubre de 2026. La única cita legítima será en marzo, en el marco del Frente Amplio. Pretender lo contrario es insistir en una mentira repetida que no le hace bien ni a los candidatos ni a la organización política.
Hoy la personería de CH sigue siendo objeto de disputa y condicionamiento. Los resultados de cualquier proceso electoral derivado de esta situación estarán inevitablemente sujetos a cuestionamientos jurídicos y políticos. Hablar de dignidad mientras se sostiene una personería obtenida de manera irregular es, en el mejor de los casos, una contradicción, y en el peor, un engaño deliberado a la ciudadanía.
La verdadera dignidad política no se construye sobre fraudes ni exclusiones, sino sobre la legalidad, la transparencia y el respeto a los procesos democráticos.
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